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viernes, 8 junio 2018
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¿Por qué tardan tanto las medidas del Papa Francisco?

Mientras se demora el inicio de la fase de las sanciones tras los abusos al interior de la Iglesia Católica, se suman nuevas denuncias que enturbian aún más la imagen de esa institución.

Por: Oscar Sepúlveda / Foto: Getty Images

Al cierre de esta edición, aún se desconocen las resoluciones de corto, mediano y largo plazo para poner fin a los abusos sexuales, de poder y de conciencia, cometidos por sacerdotes, y anunciadas por el Papa Francisco en carta a los obispos chilenos. Ni siquiera las de corto plazo se han implementado con la premura que la ciudadanía esperaba o con la rapidez que la gravedad de la situación ameritaría.

Que la diplomacia vaticana se mueve con cautela y parsimonia no es algo que sorprenda. Pero dado que los ojos del mundo están puestos sobre los pasos del Papa Francisco, para saber si será posible o no que los católicos y la ciudadanía recuperen la credibilidad en la Iglesia, tanta tardanza en las medidas inmediatas no contribuye a alimentar precisamente la confianza.

Bien es sabido que aunque los pontífices ostentan el liderazgo de la Iglesia Católica mundial no son del todo libres para hacer lo que les parezca al interior de su institución. Eso ya lo dejó claro Benedicto XVI al momento de renunciar. La sombra de una mafia vaticana fue observada por muchos analistas tras ese episodio.

Por lo mismo, es evidente que el Papa Francisco está luchando contra moles muy difíciles de remover y eso explicaría la cautela en los movimientos que él realiza antes de poder concretar su plan de limpieza eclesial.

Si bien al comienzo Francisco no creyó, por ejemplo, en las principales denuncias sobre el obispo Barros en el contexto del caso Karadima, calificándolas de “calumnias”, ya corrigió, pidió perdón y denunció que fue engañado por sus informantes. En ese acto –y en el anuncio de medidas sancionatorias, preventivas y reparatorias– puso todas sus fichas al servicio de la recuperación de la credibilidad en la Iglesia. Por ello, despierta inquietud la demora que se advierte en el inicio, al menos, de la fase de las sanciones.

Hace unos días se informó que la misma comisión que el Papa envió a Chile en febrero a investigar las denuncias, formada por monseñor Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, y que ya emitió su informe, sería enviada otra vez a nuestro país, en esta oportunidad para indagar en la situación que se vive en Osorno, donde es público y notorio que la presencia de Barros mantiene estancada y en un clima de alta tensión a esa diócesis.

Aunque la llegada de Scicluna y Bertomeu ha sido interpretada como una intervención de ese obispado, en la práctica podría implicar también una dilación de la medida más simbólica y esperada por muchos: la salida del obispo Juan Barros, a quien las víctimas de Karadima sindican como cómplice y encubridor del ex párroco de El Bosque.

Como si fuera poco, esa verdadera agonía en que se encuentra la dimisionaria Conferencia Episcopal chilena, luego de su renuncia masiva a fines en mayo, se ha visto incrementada con nuevas y vergonzosas denuncias, como las conocidas en la diócesis de Rancagua, donde hay 14 sacerdotes suspendidos, y otras versiones que circulan sobre abusos en las diócesis de San Felipe.

Paradójicamente, el paso del tiempo y la tardanza en las decisiones haría que cuando estas lleguen a anunciarse van a poder “sanear” incluso casos que no estaban inicialmente previstos. Pero, al mismo tiempo, podría ocurrir que para esas fechas la erosión de la credibilidad en la Iglesia se haya también profundizado. //@revistacosas

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